El Ministerio del Trabajo ha establecido una posición unificada con respecto a la estabilidad ocupacional reforzada, comúnmente conocida como fuero de salud, para los trabajadores con discapacidad. Esta medida busca garantizar la protección laboral de este grupo, reconociendo las desigualdades y vulnerabilidades que enfrentan en el ámbito laboral debido a sus condiciones físicas o mentales.
Según lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se prohíbe la discriminación laboral por motivos de discapacidad, lo que implica que los empleadores deben solicitar autorización para la desvinculación de un trabajador cuando su situación de salud afecte su capacidad para desempeñar sus funciones, en aras de proteger su derecho fundamental al trabajo.
La Corte Constitucional, en sentencias relevantes como la SU-049 del 2017 y la SU-087 del 2022, ha ampliado el alcance del fuero de salud, indicando que este derecho se extiende a cualquier trabajador con afectaciones en su salud que dificulten su desempeño laboral, sin necesidad de una calificación específica de pérdida de capacidad laboral.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia SL-1152 del 2023, ha redefinido las reglas para la configuración de la estabilidad laboral reforzada, adoptando criterios basados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 1618 del 2013. Esto significa que el fuero de salud opera en favor del trabajador incluso durante períodos de recuperación, protegiéndolo debido a su estado de debilidad manifiesta.
En consonancia con estas decisiones judiciales, el Ministerio del Trabajo ha unificado su posición, estableciendo que la estabilidad laboral reforzada debe aplicarse independientemente de si el trabajador tiene o no una certificación específica de pérdida de capacidad laboral. Además, se requerirá que los empleadores soliciten permiso previo a la dirección territorial correspondiente antes de dar por terminado el contrato en estas circunstancias.
Esta unificación de criterios busca fortalecer la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.